“No voy a dejar que embarguen la soberanía argentina"
Cristina Fernández de Kirchner – Presidente de la Nación Argentina
Se denomina “holdouts” (del inglés “to hold out” -quedarse fuera-), a los tenedores de bonos de deuda pública que se mantienen fuera de una negociación de amortización por reestructuración de deuda motivada en cesación de pagos o default.
Integrando los holdouts, encontramos los “fondos buitre”, fondos de capital de riesgo o de colocación libre, que se invierten en una deuda pública o de una entidad que se considera cercana a la quiebra, para obtener ganancias mediante la especulación financiera. Su nombre es una alegoría que compara a este tipo de inversores con los buitres al sobrevolar pacientemente, esperando para lanzarse sobre los restos de una compañía que se debilita rápidamente; o, en el caso de las deudas soberanas, de un país deudor.
Los holdouts que hoy nos ocupan, tienen su origen en títulos de deuda argentinos que fueron emitidos en 1994, conforme al Fiscal Agency Agreement, acuerdo que prohíbe al emisor de deuda otorgar a futuros acreedores garantías o condiciones más favorables que al resto de los adquirentes de dicho empréstito, lo que se conoce como cláusula “pari passu.” Tras el default del 2001, Argentina ofreció en 2005 y 2010 un canje de deuda donde se reducían los montos a abonar y se diferían los vencimientos. Esta oferta fue aceptada por el 93% de los tenedores de bonos.
Sobre Argentina, los holdouts integrantes del 7% que no aceptó la oferta, iniciaron diversas actuaciones judiciales, trabando 28 embargos, de ellos el más resonante, el de la Fragata Libertad.-
El fondo Elliott Associates de Paul Singer demandó a la Argentina ante la Corte de Nueva York en el año 2011. El 7 de diciembre, el juez Thomas Griesa resuelve a favor de los fondos NML Capital, Aurelius Capital, y algunos actores individuales, declarando que Argentina había violado la cláusula de "pari passu". Fallo confirmado por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito el 26 de octubre de 2012. Argentina apela ante la Corte Suprema de Estados Unidos con el acompañamiento de los gobiernos de Dilma Rousseff y Enrique Peña Nieto, de la American Chamber of Commerce of Argentine y del Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz.
En junio de 2013, en un escrito denominado "Amicus Curiae" (presentado ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York), el gobierno de EEUU expresa que el fallo de Griesa "podría permitir a un solo acreedor frustrar la aplicación de un plan de reestructuración con apoyo internacional, y con ello socavar las décadas de esfuerzos que Estados Unidos ha gastado, para promover un sistema de cooperación y resolución de las crisis de deuda soberana".
En ejecución del fallo del juez Griesa, se embargan los fondos depositados para el primer vencimiento del canje de deuda, y tras el congelamiento de esa medida (repetida en 3 oportunidades), aún el fallo judicial sigue sin cumplimiento, con el respaldo del Mercosur, en su cumbre número 47, especialmente de Dilma Russeff.
Un día antes de nochebuena, y finalizando el 2014, la Segunda Corte de Circuito de Apelaciones de Nueva York, rechaza el recurso judicial presentado por el Gobierno contra otro fallo del juez Griesa, que autoriza a los holdouts a pedir a las autoridades y bancos estadounidenses información sobre los activos de Argentina, a través de la aplicación del “discovery”- una figura legal, que habilita a los acreedores a la obtención de pruebas en el extranjero de activos ocultos, para luego proceder a su embargo-.
Mientras, el 31 de diciembre de ese mismo año, vence la cláusula RUFO, que impedía a la Argentina mejorar ofertas a sus acreedores respecto a los que aceptaron los canjes de 2005 y 2010.
Ya iniciando el corriente año, el juez Thomas Griesa convoca para el 3 de marzo a una audiencia en la que decidirá sobre un nuevo pedido de Citibank, para poder pagar títulos de deuda con legislación argentina, mientras la Argentina busca tener el detalle de quiénes son todos los holdouts con los que puede negociar, especialmente, los que componen el 7 % , pero no están presentados a la causa judicial que falló favorablemente a NML Capital, Aurelius y Blue Angel. Restan unos US$ 2 mil millones de tenedores por presentarse, aunque existe la posibilidad de que la mitad de ellos sean títulos perdidos u olvidados que no van a ser reclamados, lo que en la jerga se conoce como “scrap”.
El gobierno argentino, realiza una nueva oferta global a todos los bonistas que no adhirieron a los canjes anteriores, mejorando los bonos ofrecidos hacia julio del 2014, con intereses y premios retroactivos. Pero, se incurre en el mismo defecto que las ofertas anteriores: no se supera el valor que los bonos tienen en el mercado, lo que torna poco atractivo el negocio.
La justicia del estado de Nevada, EEUU, investiga a instancia de los “fondos buitre” la supuesta existencia de dinero de la corrupción girado desde Argentina con operaciones de empresas fantasma, en las que involucran a empresarios cercanos a Cristina Kirchner. Entre ellos, Lázaro Báez y Cristóbal López, como su hijo, Máximo Kirchner, a través de la declaración protegida de una testigo clave (Patricia Amunategui) en la llamada “ruta del dinero K”, a fin de hacerse de fondos para el pago, y obtener una posición más ventajosa en una futura negociación. El periodista Jorge Lanata, con el apoyo del Centro para el Periodismo de Investigación, solicita judicialmente que las declaraciones de esta testigo sean dadas a conocer, en el entendimiento que hay personas investigadas por la justicia argentina, constituyendo lo instruído un fraude internacional. En respuesta, se prevé una audiencia pública para la primera semana de Marzo, en Las Vegas.
Las acciones iniciadas en Suiza, sobre lavado de dinero, abiertas en abril del 2013 contra Lázaro Báez, han sido finalmente cerradas, lo que implica el levantamiento del bloqueo y la restitución de fondos a los titulares de cuatro cuentas relacionadas con la familia del empresario kirchnerista en dos bancos de Ginebra. Una de esas cuentas pertenecería a una fundación a la cual se le restituirían unos 15 millones de euros. Autoridades suizas afirmaron que "la colaboración con las autoridades argentinas no ha permitido confirmar las sospechas".
La Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd) denunció que varios bonistas argentinos intentaron cobrar en el Banco Nación por la ley de pago soberano, pero que la entidad pública se negó a pagarles, por temor a que el Bank of New York, que es el agente fiduciario original, les inicie un juicio. Como el Banco Nación tiene sucursal en EEUU, fuentes del sistema financiero creen que el directorio no quiere aprobar pagos que puedan complicar la operatoria del banco en esa plaza, cuando el país ya fue declarado en desacato por Griesa. Además, para abrir una cuenta en el país y poder cobrar, el Gobierno exige demasiados requisitos - como una clave de identificación- y pide detallar a todos los accionistas que componen el fondo, que, por supuesto, no quieren hacerlo.
Lo cierto, es que el desacato al fallo del juez Griesa, no es nulo en consecuencias económicas. Es reiterada la utilización por parte del gobierno, del mérito de haber logrado el desendeudamiento del país. Pero, sin embargo, la deuda pública en moneda extranjera y local ha crecido fuertemente durante su gestión.
La reestructuración lograda en 2005 y ampliada en 2010 no produjo una reducción superior a los aumentos que la deuda pública ha sufrido durante este mandato.
Los vencimientos de la deuda pública externa, incluyendo la cancelación del pasivo con el FMI, se abonaron con reservas del Banco Central que no fueron adquiridas con fondos excedentes del presupuesto, sino con la entrega de títulos públicos intransferibles nominados en dólares, con vencimiento a diez años, que siguen conformando un pasivo del Estado.
Lo mismo es aplicable a los acuerdos con el Club de París, Repsol, o el Banco Mundial a través del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones).
La deuda del Estado en pesos tuvo un crecimiento más significativo. El Tesoro ha recurrido en los últimos años a financiar su déficit mediante adelantos transitorios y utilidades no genuinas del Banco Central: emisión monetaria. Para evitar el desborde inflacionario, el B.C.R.A. ha absorbido pesos colocando en el mercado letras Nobac y Lebac, captando indirectamente deuda del sector privado.
Con estas consideraciones, la deuda pública total, en moneda extranjera y local, es un 49 % superior a la existente en 2001.
Y esto no contempla las deudas no registradas en los cómputos, como juicios de jubilados, con o sin sentencias dictadas, al igual que las recientes sentencias de la Corte Suprema de Justicia que obligan al Estado nacional a devolver aportes voluntarios que numerosos trabajadores efectuaron antes de la estatización del sistema previsional.
Al encontrarse el país en default, por más selectivo que éste fuera, las grandes empresas enfrentan un escenario de financiamiento en 2015 que se encontrará –en gran medida- atado a esa condición.
Actualmente hay pocas empresas con acceso a líneas de crédito del exterior. El resto se financia en el mercado local, mediante la emisión de obligaciones negociables (ONs), pero en los casos en los que una firma necesita montos importantes, requieren acceder al mercado internacional, tornándose mucho más caro ese financiamiento. Es decir, la tasa que un país paga por financiarse en el exterior es tomada como referencia para las colocaciones de deuda de las firmas, con variaciones según la solidez de cada una de ellas. Así, el costo de la colocación de deuda del Estado en el exterior se tomaría como un parámetro para los inversores del exterior para medir el “riesgo argentino”.
Si no hay un acuerdo rápido con los holdouts, el Gobierno deberá apelar también al mercado interno y al financiamiento alternativo, lo que impactará en el crecimiento económico.
Y es allí donde los economistas se dividen:
a)- por una parte, algunos auguran para el 2015 una economía estancada, en la que el Gobierno abra un canal de diálogo con los holdouts, sin llegar necesariamente a un acuerdo, sino sólo iniciando negociaciones, a fin de no cerrar el acceso al mercado internacional tradicional, dejando la resolución final de este conflicto al próximo presidente electo;
b)- para otros economistas, la economía ya está dando señales de reactivación, augurando que aún sin acuerdo, podría llegar a crecer un 1,5 %, debido al swap con China, y a la emisión que puede realizar YPF de U$S 1.500 millones, que con el Banco de Francia y Basilea podría ascender a U$S 2 millones más.
Si el gobierno adopta una postura rígida de total intransigencia con los holdouts, producirá una escasez crónica de reservas, que conllevará estrés cambiario, porque el BCRA, contará con menor liquidez para intervenir en el mercado de divisas, lo que impactará negativamente en la inflación y en el escenario económico, debido principalmente a que el dólar es – nos agrade o no- una moneda dominante.-
Por más "absurdo" que el fallo del Juez Griesa nos resulte, quién en realidad sentó las bases para el dictado de esa resolución fue la gestión ineficiente gubernamental, que desestimó la importancia del 7 % que no había aceptado el canje y el volúmen de los intereses punitorios, mientras con sus discursos y declaraciones, sólo avivó el rechazo de la justicia norteamericana, facilitando el lobby a los fondos buitres.
Es llamativo que aún, habiendo perdido en todas las instancias, el gobierno mantenga judicialmente las mismas estrategias y el mismo equipo de abogados. Quizá la posición en que lo colocó la medida judicial, en el fondo le resulte cómoda: le permite victimizarse (conducta gubernamental recurrente, por cierto), ocultando su inoperancia, resaltando a un “enemigo” que le permite justificar cualquier medida que tome, argumentando defender los intereses nacionales.
"Patria o buitres" pregonan los slogans oficialistas, mientras, la ineficacia sólo acrecienta la deuda… y la patria, es decir, usted y yo, todos nosotros, peso sobre peso, dólar sobre dólar, seguiremos pagando...
