Sobre todos y sobre ninguno: la responsabilidad social como excusa política

“La democracia es la libertad constituida en gobierno, pues el verdadero gobierno no es más ni menos que la libertad organizada.”

Juan Bautista Alberdi

Desde hace algunos años, me llama la atención que, cuando se consulta a algún político que ocupa un cargo público sobre una coyuntura o situación conflictiva social, concluya o comience su respuesta, haciendo uso de frases como “…todos tenemos una responsabilidad como sociedad frente a esto que ocurre…”; “…nos compete a todos encontrar la solución...”, “…tenemos que hacernos cargo como sociedad de lo que pasa…”, etc.

No vivimos aislados. Vivimos con otros. Y cada uno de nuestros actos, por más insignificantes que estos parezcan, impactan en menor o mayor medida sobre los demás. Tomar conciencia de ese impacto de nuestro accionar individual sobre el conjunto, nos hace responsables socialmente.

La responsabilidad (4. f. Der. DRAE, 22.ª, publicada en 2001) es la “capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”.

Cuando esa misma capacidad, se direcciona sobre el impacto que ocasiona en el conjunto social, la llamamos responsabilidad social.

Pero ese reconocimiento y aceptación sobre las consecuencias de un hecho que hemos realizado libremente, es voluntario al igual que el hecho realizado. Y denota nuestra madurez como individuos integrantes de una familia, comunidad, país o conjunto social.

Cuando esta misma responsabilidad social es utilizada como eximente o remedio de una situación coyuntural o estructural, comprendida en la esfera de una función pública, disuelve la responsabilidad legal del funcionario público en todos y cada uno de nosotros.

Se confunde la responsabilidad social voluntaria, con la responsabilidad legal del ejercicio de la función pública.

Esta confusión no es casual. El conflicto a resolver por un mandatario público, no se resuelve, simplemente porque al estar a cargo de todos, la solución se diluye operativamente, concluyéndose a cargo de ninguno.

Así es como la educación, la inseguridad, la pobreza, la inflación, el desempleo, culminan siendo en el discurso político responsabilidad de toda la sociedad. Olvidándose, que es esa misma sociedad, quién delegó su poder en determinados mandatarios a través del sufragio, para que realicen las tareas necesarias para prevenir, resolver y encauzar, cada una de esas circunstancias, diseñando y ejecutando planes de política pública solventados a través de los impuestos.

Somos responsables socialmente de a quiénes delegamos ese poder de resolución y de exigir la rendición de cuentas de cómo fue utilizado ese poder.

Cada vez que alguien que tiene a cargo una función pública, diga “…todos tenemos una responsabilidad como sociedad frente a esto que ocurre…”; “…nos compete a todos encontrar la solución...”, “…tenemos que hacernos cargo como sociedad de lo que pasa…”, etc., sepamos que ese funcionario está incumpliendo su rol. El mismo rol que le fue encomendado por esa misma sociedad que parece que -de pronto- no integra.

Seamos responsables socialmente de nuestros actos, sufragando conscientes de lo que implica. Hagámonos cargo de los funcionarios que nos representan porque somos nosotros los únicos responsables de que hayan llegado al poder. Pero son ellos también responsables de utilizar los medios correctos -ética y legalmente- para llegar al resultado social deseable cuando fueron elegidos. Ese mismo resultado deseable que nos motivó a su elección.

Puede ser que nos competa a todos voluntariamente encontrar una solución a lo que nos pasa, pero legalmente le compete a aquél funcionario que tiene en su esfera de ejercicio lo que acontece. Nuestra responsabilidad, está en elegir: en elegir aquellos funcionarios más aptos. Elijamos entonces responsablemente. Es esa la forma más eficaz de practicar nuestra responsabilidad social.